El sábado pasado se realizó la ya tradicional Marcha del Orgullo, que unió a las ciudades de Villa Nueva y Villa María, en torno a la visibilización de los colectivos LGBT y el mensaje de la tolerancia y de poder vivir en libertad.
La movilización convoca cada año a más personas, no sólo de ambas ciudades sino de toda la región, y contó con el acompañamiento de casi todo el arco político local. Desde Municipios que prestaron espacios y recursos para la actividad, hasta Legislativos que aprobaron sendos proyectos de declaración avalando la jornada y brindando su apoyo a la movilización y a la decisión de las personas de poder vivir su vida sin limitaciones.
Pero precisamente ahí surgió un foco de conflicto que lejos está de saldarse, sino que sigue creciendo, y es el malestar generado en los colectivos trans por la actitud de la presidenta del Concejo Deliberante de Villa Nueva, Sandra Bailone, por actos discriminatorios hacia una mujer trans, a la que no llamó por el nombre con el que se identifica, sino por un nombre masculino. Algo que se repitió durante la sesión en la que se aprobó por mayoría el acompañamiento a la marcha.
La actitud de Bailone terminó siendo el primer párrafo de la declaración que leyeron los integrantes del colectivo durante la movilización del sábado. Además de subir el video a las redes en donde queda expuesto lo ocurrido en dicha sesión.
Repercusiones
El conflicto no terminó ahí, sino que ahora se sumaron los integrantes de la Agrupación Juvenil “Jotas”, de origenes peronistas.
Su principal referente, Adrián Buteler, publicó un extenso descargo cargando contra la presidente del Concejo Deliberante villanovense, en donde expresó “nuestro más enérgico repudio al acto de discriminación sucedido en el Concejo Deliberante de Villa Nueva, donde la Presidenta del cuerpo, Sandra Bailone, se dirigió a una compañera trans utilizando varias veces un pronombre incorrecto, aun después de haber sido corregida”.
“No estamos ante una cuestión de opiniones personales: estamos ante un problema de Derechos Humanos. La Ley 26.743 de Identidad de Género obliga al Estado y a todos sus funcionarios a respetar el nombre, la identidad y el pronombre autopercibido. La Ley 23.592 prohíbe y sanciona cualquier acto discriminatorio basado en el género o identidad de género. La Ley Micaela exige capacitación y sensibilidad precisamente para evitar este tipo de vulneraciones”.
“La Compañera Ale Navarro, en diferentes ocasiones le pidió que la trata en femenino. Pero la Concejal siguió tratándola con pronombres masculinos evidenciando una decisión y no un error casual”.
“Los espacios del Estado deben ser los primeros en garantizar un trato digno, respetuoso y acorde a los derechos conquistados por el colectivo travesti–trans Cuando quien preside una institución desconoce esos derechos, no se trata de un “descuido”: es un mensaje político peligroso”.
“Por eso solicitamos se pidan las disculpas públicas correspondientes, además que se repudie esta conducta de la Concejal Bailone y se exija la capacitación correspondiente y se garantice que estos hechos no vuelvan a repetirse”.
“El respeto no es una opción: es una obligación legal y ética. Y si estas conductas se reiteran, además de la responsabilidad política y administrativa, podrían incluso tener repercusión en el ámbito penal, conforme a las figuras vinculadas al incumplimiento de los deberes de funcionario público y la violencia institucional”.